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Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de octubre de 2026, las entidades públicas firmaron en SECOP II 481.691 contratos con 79.682 proveedores que son personas jurídicas, incluidos consorcios y uniones temporales.

De ellos, 6.673 también figuran en el Directorio de Importadores y Exportadores de la DIAN en algún año entre 2017 y 2026. Son uno de cada doce proveedores y suman el 23,5% del valor contratado: $86,3 billones de $367,9 billones.

La zona siembra 91.183 hectáreas y produce 464.357 toneladas al año. Sus rendimientos están por debajo del promedio nacional en casi todo lo que cultiva. Igualar ese promedio, sin sembrar una hectárea más, daría 133.016 toneladas adicionales sobre la tierra que ya se trabaja.

Pero la lectura interesante es la de abajo del gráfico: en palma de aceite y en mango, la región le gana al país. Donde hay cadena organizada, la tierra responde. La brecha no está en el suelo.

El área sembrada además lleva siete años estancada: 83.468 hectáreas en 2019, 91.183 en 2025.

Puerto Gaitán sumó 73.150 hectáreas entre 2019 y 2025. Un solo municipio creció casi tanto como toda el área sembrada de la Depresión Momposina. A su alrededor, otros cuatro municipios sumaron más de 60.000 hectáreas entre ellos.

Es la mayor concentración de tierra nueva en producción del país, en una región sin salida marítima cercana y con infraestructura pensada para un volumen anterior. Y tiene contracara: Meta deja sin cosechar el 12,4% de lo que siembra, unas 79.917 hectáreas al año.

El limón pasó de 20.371 a 55.357 hectáreas en seis años. La naranja, de 22.117 a 48.047. Y no crecieron donde ya estaban: Valle del Cauca pasó de cero a 6.052 hectáreas de naranja, Quindío de cero a 3.815, Huila de cero a 2.672 de limón.

Un cultivo que aparece de la nada en un departamento significa una cadena que todavía no existe: acopio, frío, empaque, transporte especializado, certificación. Es la señal más accionable del conjunto, porque marca dónde la necesidad es nueva y aún no tiene proveedor establecido.

Vichada no cosecha el 17,5% de lo que siembra; Risaralda el 16,1%; La Guajira el 15,9%; Chocó el 15,6%. En Meta la cifra es menor en proporción pero enorme en volumen.

Aquí hay que ser explícito con lo que este dato no prueba: parte de esa diferencia es normal, porque los cultivos permanentes en levante ocupan tierra sin producir todavía. No es pérdida en sentido estricto. Lo que llama la atención no es el nivel sino la dispersión: el rango entre departamentos es demasiado ancho para explicarse solo por composición de cultivos.

El camarón de aguas profundas del Pacífico tiene una cuota de 800 toneladas y se desembarcaron 181. El camarón de aguas someras del Caribe tiene 364 toneladas autorizadas y se aprovechó el 13,71%. La norma no es lo que está frenando la extracción.

Pero las dos cifras no significan lo mismo, y confundirlas sería el error. En el Caribe el recurso lleva años en categoría de agotamiento: la cuota sobra porque no hay qué pescar. En aguas profundas del Pacífico la evaluación oficial describe una fase de explotación moderada con captura actualmente sostenible. Ahí el cupo sin usar sí es capacidad ociosa.

Siete de cada diez toneladas de pesca artesanal salen de cuencas continentales. El Magdalena solo aporta un tercio del total del país, más que el Pacífico y el Caribe sumados.

Es lo contrario de lo que se asume cuando se habla de pesca en Colombia, y cambia dónde hay que buscar: acopio, frío, transporte y comercialización en corredores fluviales del interior, no en puertos marítimos.

En el Caribe se desembarcan alrededor de 210 especies y solo 42 tienen información completa para calcular su cuota. En el Pacífico son 31 de 127. Las cuotas del resto se asignan en bolsa, por grupo, no por especie.

Los ornamentales muestran lo que pasa cuando sí hay seguimiento: el mercado exportó unos 7,7 millones de dólares en 2022, usó el 76,9% de su cupo global frente al 80,2% del año anterior, y una especie que llegó al 96,8% del suyo fue restringida a mitad de año. Medir permite decidir a tiempo.